El conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, ha anunciado que este mismo martes la Generalitat ha efectuado el pago a la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte), los 20,9 millones que se adeudaban por la ley de Dependencia y ha confirmado que mantiene el compromiso de abonar a finales de enero otros nueve millones correspondientes a la atención a discapacitados tutelados por el Consell.

Cabré ha hecho estas declaraciones tras reunirse en Madrid junto al conseller de Sanidad, Luis Rosado, con la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato; la secretaria General de Sanidad, Pilar Farjas; y el secretario de Servicios Sociales e Iguldad, Juan Manuel Moreno.

El conseller, al ser preguntado por esta cuestión por los medios, ha avanzado que podía dar la "primicia" de que acababa de recibir la llamada del conseller de Hacienda, José Manuel Vela, que le confirmaba que ya se había dado la orden de efectuar este pago y cumplir por tanto con el compromiso alcanzado con la patronal de residencias.

Con este pago, el conseller ha indicado que el pago de la deuda de los 20,9 millones que se esperaba para finales de mes se ha adelantado --se hará efectivo previsiblemente mañana-- y ha confirmado que además se mantiene el compromiso de efectuar el pago también de los nueve millones correspondientes a la atención a pacientes tutelados, que se espera para finales de enero.

"NADIE DESATENDIDO" POR CAMBIOS EN BÉTERA

Preguntado también por la decisión de la Diputación de convertir el psiquiátrico de Bétera una residencia para enfermos mentales gestionada por la Generalitat, el conseller ha indicado que aún tienen que "discutirlo" con la corporación provincial, ya que en su opinión hay que ser todos "correponsables" y "no se trata de dejar a nadie desatendido".

Por ello, ha indicado que la administración que presta un servicio, para dejar de prestarlo, debe llegar a un acuerdo con la administración que lo preste a partir de ese momento. "El servicio hay que prestarlo y los ciudadanos no se pueden ver desatendidos", ha subrayado.

LEY DE DEPENDENCIA

Con respecto a la reunión, ha indicado que por parte del Ministerio se han mostrado "dispuestos" a equilibrar el porcentaje que paga la Generalitat y la que abona el Estado en la aplicación de la ley de Dependencia, ya que ha afirmado que la Comunitat ha aportado casi el 80 por ciento y la administración central el 20 por ciento, cuando el texto de la normativa define que deben aportar al 50 por ciento los recursos para su desarrollo.

En concreto, ha indicado que la Ley establece unos compromisos de pago y, aunque "hay que buscar fórmulas" para que sea igual en todas las comunidades, por parte del Ejecutivo están dispuestos a "estudiarlo y abordarlo". En su opinión, lo que no puede existir es una ley que sea "insostenible".

Por último, ha indicado que ha encontrado "sensibilidad" con el problema que se tiene en la Comunitat en la aplicación de la ley y ha añadido que parece "dispuesta" a encontrar soluciones y que este déficit se pueda solventar. Por ello, ha confirmado que habrá "nuevas reuniones" para resolverlo.

"Se admite por primera vez que existe un problema y se está dispuesto a abordarlo", ha indicado el conseller, quien se ha mostrado satisfecho con esta circunstancia y ha apostado por que se empiece a estudiarlo "desde ya".

La Generalitat atiende a 46.808 dependientes, lo que sitúa a la autonomía como una de las cinco primeras en número de beneficiarios. Asimismo, según datos de la Conselleria, en 2011, el coste de la dependencia ha sido de 493,3 millones de euros, de los que casi el 80 por ciento fue aportado por la administracióna utonómica mientras que el 20 restante lo aportó el Estado.

Asimismo, los datos indican que el 95,5 por ciento de los dependendientes ha sido valorado en la Comunitat, con lo que la región se sitúa como una de las seis primeras comunidades con mayor porcentaje de personas valoradas.